El proyecto de la Y vasca constituye el mayor ejemplo de cómo intereses ajenos se hacen pasar por el bien general para obtener una buena tajada de los fondos públicos, aun a costa de sacrificar gran parte de nuestro pequeño país. Cada vez son más los sectores sociales, sindicales, políticos e institucionales que exigen la paralización de del proyecto del Tren de Alta Velocidad. Demandan la apertura de un debate social en profundidaz sobre el modelo de transporte y articulación territorial. La demanda de difusión de información veraz en torno a esta mega infraestrutura y su impacto marcan el debate de estos últimos meses.

Desde abril de 2006 diversas organizaciones sociales y los principales sindicatos de este país (ELA, LAB, EHNE) vienen señalando que la Y vasca es un proyecto impuesto, sin debate ni información ni cauce de participación social alguna.

Los interlocutores sociales no entienden cómo las instituciones de la CAPV se han embarcado en el apoyo y defensa a ultranza de la Y vasca, definida y decidida por el gobierno español en base a lógicas diferentes a las de ámbito vasco, sin participación social, y que no ha sido sometida a ningún cambio posterior.

Subrayan que el proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV), cuyas obras ya se han iniciado en algunos lugares, no cumple los requisitos de un tren social. No da respuesta a las necesidades de transporte de mercancías y personas, se limita a la conexión de las capitales, no forma parte de un diseño integral de transporte, tiene enormes impactos medioambientales y conlleva un gran coste económico.

Así mismo, señalan que las instituciones gastarán algo más de 6.000 millones de euros de dinero público, cuestión, que en opinión de los agentes sociales, supondrá hipotecar el futuro de servicios públicos como la educación, la sanidad o la vivienda.

Profesores universitarios se unen a esta denuncia, al tiempo que apuntan que el impresionante desembolso de dinero público únicamente servirá para que, debido al alto costo que se prevé tenga el billete, unos pocos privilegiados reduzcan en diez minutos el viaje entre las diferentes capitales vascas.

Los defensores de esta basta infraestructura señalan que servirá para disminuir el tráfico de vehículos. Afirmación que rápidamente queda desmentida. La no existencia de paradas en los pueblos, así como los datos oficiales que claramente dicen que en la CAV el 97% de los desplazamientos son intracomarcales y la mayoría se hacen en automóvil, dejan en evidencia que el proyecto del TAV no responde a ninguna necesidad real del país.

Desde las principales organizaciones ecologistas y defensa de la tierra denuncian que para que el TAV consiga velocidades cercanas a los 220 km/hora se hace necesario que el trazado esté formado por líneas rectas, por lo que, siendo nuestro país pequeño y montañoso, los túneles y viaductos se sucederán unos tras otros.

Apuntan que el proyecto prevé 180 kilómetros de túneles y viaductos, además de desmontes que en total generarán 30 millones de metros cúbicos de escombros. El impacto, señalan, será considerable tanto en el paisaje como en el medio ambiente y en la agricultura. Además, continúan, la Y vasca exigirá la explotación de nuevas canteras para proveer de materia prima a las constructoras encargadas de la obra.