Oiremos hablar de ella por todas partes. Tanto desde el equipo de gobierno de Iñaki Azkuna (PNV-EB) como desde su leal oposición claman por ella de continuo. Hasta le han dedicado un área municipal de nueva creación con funcionariado, presupuesto, despachos, ventanillas, jefaturas y concejala al frente. Pero no hay manera. Nadie sabe dónde queda la dichosa participación ciudadana en el Ayuntamiento de Bilbao.

Participación ciudadana es una de las expresiones que más gustan a la clase política bilbaína. En los últimos años se ha puesto de moda proclamar a los cuatro vientos que todo lo que hace el Ayuntamiento se cocina, decide y ejecuta tras serio contraste con la población directamente afectada. Unas veces lo consiguen, nos cuentan, a través de los consejos de distrito. Otras veces, nos aclaran, crean órganos específicos para problemas concretos.

Sin embargo, lo cierto es que en este ámbito el Ayuntamiento logra rizar el rizo. Y no sólo por el hecho obvio de que si se ilegalizan candidaturas y se anulan miles de votos la democracia y la participación ciudadana no pueden ser sino caricaturas grotescas.

Además de eso, el Consistorio se comporta como un órgano de gobierno cada vez más encerrado en sí mismo, desde el que un grupito decide por toda la villa. La puerta principal del edificio consistorial sigue cerrada a cal y canto mientras en su interior los plenos y comisiones municipales mantienen el veto tanto a la participación popular como, en ocasiones, a la propia presencia de público que no gusta en las sesiones. Teniendo en cuenta que todas las materias importantes se deciden en las reuniones del equipo de gobierno o en los plenos, la participación ciudadana está descartada de antemano.

Los consejos de distrito –órganos en los que están representados los partidos y el tejido asociativo- nacieron sin competencias reales. A lo largo de los últimos veinte años se les ha concedido el derecho a decidir qué aceras arreglar y ensanchar primero, pero poco más. Itziar Urtasun, flamante primera concejala de Participación Ciudadana, ya ha adelantado que de competencias para los distritos nada. Más bien lo contrario, porque el equipo de Iñaki Azkuna no ha hecho sino aumentar las trabas a la actividad vecinal. Desde el pasado mes de octubre, por decisión del área de Relaciones Ciudadanas que ni siquiera ha pasado por el pleno, se ha cambiado el reglamento y algo hasta entonces normal como que cualquier persona pudiera tomar la palabra, presentar propuestas o presentar preguntas en plenos y comisiones, ha sido prohibido.

Con el nuevo año otra fea costumbre se ha instalado en los despachos del equipo Iñaki Azkuna: negar el uso de locales públicos –incluso en los propios centros de distrito- a grupos y asociaciones. Otra manera de fomentar la participación ciudadana poniendo obstáculos a las actividades del tejido asociativo de la ciudad.

Por supuesto, tampoco podemos olvidar la constante expulsión de los representantes electos –les guste o no, han sido elegidos por miles de personas- de la izquierda abertzale, llevando el apartheid político más lejos que en el mandato 2003-2007.

Casos concretos

No solo de consejos de distrito muere la participación ciudadana en Bilbao. También de foros ciudadanos y comisiones con participación ciudadana que, sistemáticamente, se saldan con la marginación de las propuestas que nacen de los barrios. El Ayuntamiento toma de antemano la decisión y luego la maquilla con un poco de participación ciudadana, que viste mucho.

Así lo hemos visto en las últimas semanas en Arangoiti –donde el Ayuntamiento ha desmontado el caserío Agirre (siglo XVII) sin respetar ni su palabra a los grupos del barrio ni el proyecto del arquitecto que contrató-, en la Ribera de Deustua-Zorrotzaurre y en San Ignazio.

En estos últimos casos ha pesar de foros y participación, las alegaciones vecinales importantes han sido sistemáticamente ignoradas y los planes de rellenado del canal para la construcción de 860 viviendas, ocultados.