De una manera u otra, el problema de la vivienda afecta a la gran mayoría de la población bilbaína. Es una cuestión endémica, que no ha hecho sino agravarse en los últimos años.

Pero es endémica porque el planteamiento de partida de las instituciones y los partidos que las gestionan privilegia ante todo la obtención de beneficios económicos. Olvidan que la vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe primar sobre la especulación.

En Bilbao desde el año 1992 se han construido más de 12.000 pisos. Sin embargo, el número de personas en listas de espera para acceder a una vivienda no ha descendido y a comienzos de 2008 supera las 12.500. A ese número habría que sumar otras muchas que por diversas razones no cumplen los requisitos establecidos para acceder a una vivienda protegida. Y, por supuesto, las miles de personas que, hartas de esperar, están sobreviviendo a trancas y barrancas haciendo frente a hipotecas descomunales.

Mientras tanto, según los datos oficiales son más de 15.000 las viviendas vacías existentes en la capital vizcaina. En Bilbao, por tanto, no faltan pisos. Como es obvio, la sustracción al mercado de tantas viviendas es uno de los mecanismos que han hecho posible el espectacular proceso especulativo que el sector ha sufrido en los últimos años. Ha habido otros, relacionados con la coyuntura económica, como la prolongada bajada de los tipos de interés hasta el año 2005, que en lugar de redundar en beneficio de los compradores ha coadyuvado al incremento de los precios.

Pero, sobre todo, ha sido la propia política de las instituciones públicas  -en nuestro caso, Ayuntamiento y Gobierno de Gasteiz- la que ha hecho posible que la vivienda se haya convertido en la última década en la pesadilla de la mayoría y el Dorado de unos pocos.

Si analizamos la política de vivienda de las instituciones en Bilbao, en los últimos años sus ejes han sido la obtención de suelo para ponerlo a disposición de los constructores y la privatización del parque municipal de vivienda de alquiler.

Con la primera medida, el Ayuntamiento, con la colaboración del ejecutivo de Gasteiz, ha dado prioridad a la construcción de pisos por encima de cualquier otra necesidad social. A comienzos de 2008 Bilbao es una ciudad que prácticamente ha colmatado todos sus espacios libres. En estas circunstancias, los pocos terrenos disponibles adquieren un enorme valor. Desde una perspectiva de organización racional y de justicia social, su utilización debería decidirse en función de las necesidades reales de la población y de la ciudad. Sin embargo, no ha sido así. Esos espacios han sido reservados a la construcción de viviendas y los consiguientes beneficios económicos. Ahí están la Ribera de Deusto, Bolueta,…

La privatización del parque municipal de vivienda de alquiler supone la desaparición de una parte de los recursos públicos destinados a paliar este problema. En lugar de profundizar en la política de alquiler de pisos, el Ayuntamiento se desprende de ellos.

Pero ni la privatización del parque municipal de vivienda ni la construcción compulsiva de pisos  han solucionado el problema. Al contrario, lo han agravado. Los datos cantan: cada vez es más difícil que jóvenes, parados, mujeres, familias monoparentales y otros colectivos puedan acceder a un piso. Curiosamente, a más pisos nuevos construidos, más personas en listas de espera y más beneficios para los especuladores.  Cada día es más evidente la necesidad de una política que ataje realmente el problema.